La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia dictada por el Cuarto Juzgado de Policía Local de Santiago que había acogido una denuncia infraccional y una demanda civil derivadas de un contrato de promesa de compraventa de inmueble, y en su lugar rechazó íntegramente ambas acciones, al encontrarse prescritas conforme a la Ley N° 19.496.
La Corte de Santiago estableció que la interposición de acciones ante el Juzgado de Policía Local no exime a la entidad financiera de su obligación legal de restituir provisoriamente los fondos defraudados, cuando no existe una resolución judicial que suspenda dicho deber, calificando como ilegal la negativa del banco y reafirmando la protección del derecho de propiedad de los usuarios frente a fraudes electrónicos.
La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido en representación de la parte demandante y, en sentencia de reemplazo, confirmó la resolución de base que dio lugar a la demanda de precario y ordenó la restitución de inmueble emplazado en la comuna de Cerrillos.